Ángel Disraeli Cruz Gutiérrez
El cinco de junio del presente año se llevarán a cabo elecciones ordinarias para renovar cargos de representación popular en seis estados de la república mexicana: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Como en todo proceso electoral del país, los miembros de la clase política han comenzado a movilizarse desde ya para planear sus estrategias rumbo a la contienda venidera, mientras que, por su parte, la ciudadanía continúa dividida —no equitativamente— entre quienes acudirán a ejercer su derecho al voto y quienes, defraudados por una democracia endeble, se abstendrán de participar.
Una sociedad en la que la lista nominal de electores creció en 30 millones del 2000 al 2018, pero el patrón de población votante se mantuvo más o menos estable en el mismo periodo (Somuano y Corcho, 2021, p. 91), solo puede reflejar la punta del iceberg de una serie de problemas estructurales inherentes a la forma de organización política vigente. Ya sea que se trate de escepticismo por el funcionamiento del voto, falta de acceso a la información, escasez de mecanismos para garantizar un sufragio libre y secreto, o una forma de protesta totalmente válida ante la legitimidad de los partidos políticos, el hecho es que muchas personas han perdido la confianza en los actores que toman las riendas del Estado.
México atraviesa una crisis de representatividad. Las opciones que se imponen para ocupar cargos públicos no satisfacen las expectativas del ciudadano promedio, sino que responden, las más de las veces, a la organización de influencias dentro de la estructura partidista. Aun peor, muchos funcionarios han aportado históricamente con sus acciones para la construcción de un imaginario colectivo que demerita la actividad política y aleja la vida del individuo de la esfera pública.
El clientelismo, el corporativismo, el nepotismo, el abuso de autoridad y la malversación del erario público son algunos de los vicios que todavía persisten como parte de la corrupción originaria de lo político, como la fetichización del poder que ocurre cuando “el actor político cree poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que cumple alguna función —sea presidente, diputado, juez, gobernador, militar, policía— como la sede o la fuente del poder político” (Dussel, 2006, p. 13). Los representantes toman distancia de los representados porque piensan tener la libertad de usar el poder que se les ha conferido en beneficio propio, olvidando que la única fuente legítima del mismo es la propia comunidad política, la sociedad, el pueblo que los elige y les delega la responsabilidad de actuar en virtud de la voluntad general. En el momento que el vínculo se ignora, los políticos se colocan por encima de los ciudadanos y generan una ruptura que solo puede provocar decepción y rechazo.
¿Qué hacer cuando el representante ya no representa a nadie?, ¿Cómo posicionarse cuando el representante ya no representa nada?, ¿Cuál es la mejor forma de accionar frente a un campo político que parece haber perdido el sentido del poder? La respuesta no es precisa y se difumina entre el mar de propuestas ético-teóricas disponibles.
Está claro que hay que des-fetichizar la política y devolverla a lo que es originalmente: un noble oficio. Pero para llegar a ese estado de cosas idílico primero hay que afrontar con rebeldía la realidad más inmediata que se nos manifiesta. No hacen falta gestos espectaculares para darle la vuelta a las cosas. Basta con conocer nuestra posición como ciudadanos para empezar a transformar el modo de hacer política instaurado en el sentido común mexicano.
El pueblo no está debajo del gobierno; el político presta un servicio que tiene como objetivo primero al cuerpo social. Es por eso que el sujeto histórico, transformador, es en última instancia el pueblo. De él emana el verdadero representante, el líder popular —no populista— que no rompe el vínculo con los representados.
El devenir de la historia espera, paciente, por las acciones que abrirán el tránsito hacia una nueva constelación. Es decisión propia formar parte o quedarse fuera. La presión y la coparticipación de la ciudadanía son llaves necesarias para concretar las exigencias de lo justo. Cuando el representante ya no representa a nadie solamente queda alzar la voz y recordar(les) el significado latente de la palabra democracia: a través de los mecanismos institucionales, a través de la protesta, a través de la movilización, a través de la crítica (que también debe volverse práctica) del orden vigente.
Lista de referencias
Dussel, E. (2006). 20 tesis de política. Siglo XXI editores.
Somuano, M. y Corcho, D. (2021). Reflexiones sobre la participación ciudadana en México: las elecciones de 2018. Instituto Nacional Electoral.
